En líneas generales, puede entenderse la inversión pública como el uso de los recursos obtenidos por el Estado en proyectos dirigidos a la efectiva prestación de servicios, al desarrollo de proyectos productivos y a la creación de infraestructura destinada a fomentar el desarrollo, entre otros.
Datos oficiales muestran que la inversión pública en el Perú ha tenido en el curso de este año un comportamiento volátil. Retrocedió en enero (-6.2%), febrero (-29.2%), mayo (-30.06%) y julio (-6.02%). Creció en marzo (15.4%), abril (22.6%), junio (15.6%) y agosto (19.7). Las cifras indican una evolución irregular que no favorece a un crecimiento económico sostenido.
El Niño Costero y el caso Lava Jato impactaron negativamente en este tipo de inversión debido a que obligaron a paralizar proyectos. No obstante, debe considerarse también la baja ejecución del presupuesto de los gobiernos subnacionales, principalmente los regionales, un problema derivado de la escasa capacidad técnica de estas unidades estatales. El MEF informó que, a fines de octubre, la ejecución presupuestal de las regiones alcanza solo el 47%.
Con el fin de superar este inconveniente, la ministra de Economía y Finanzas, María Alva, informó que el Gobierno aplicará una ambiciosa estrategia para ejecutar desde el Estado al menos 12,967 millones de soles en las próximas diez semanas.
El objetivo es lograr que la inversión pública crezca 2.5% a fines del año, tal como lo prevé el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
En el caso de los gobiernos regionales, la estrategia propone que ejecuten 8,910 millones de soles en el período señalado con miras a estimular los proyectos de infraestructura y las obras paralizadas.
Si bien esta planificación es ambiciosa, especialmente por el corto período previsto, es positivo el impulso que el Ejecutivo está aplicando en este ámbito y la preocupación por el incentivo de la inversión productiva en las regiones.
Ello queda demostrado, además, en la promulgación del Decreto de Urgencia 008-2019, el cual acoge la propuesta de la Contraloría General de la República para destrabar las obras paralizadas. Se espera que este marco legal facilite reactivar obras por un monto superior a los 16,000 millones de soles.
La ministra Alva precisó, además, que las obras paralizadas por más de tres meses y con una ejecución de más del 50% tendrán una continuidad mediante la contratación directa y con la supervisión concurrente de la Contraloría.
Es plausible que el Ejecutivo incentive la ejecución pública en las regiones, desde el primer día del año, y evite que el cambio de autoridades regionales retrase las inversiones. Está comprobado que la llamada “curva de aprendizaje” de los presidentes regionales desacelera las obras y afecta la inversión.
Las medidas dispuestas por el Ejecutivo en este ámbito son necesarias, especialmente dada la urgencia de nuestro país de acelerar su maquinaria productiva interna, en un contexto económico internacional desfavorable, principalmente por la guerra comercial entre las potencias mundiales.
https://elperuano.pe/noticia-ambiciosa-y-necesaria-estrategia-86135.aspx
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